Conceden amparos, obligan a la CRE a atender trámites

Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa, ambos jueces de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, promovieron más medidas cautelares en contra de la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso mexicano.

Gómez Fierro determinó este martes entregar cuatro suspensiones en favor de 13 compañías del sector: Compañía Eoloeléctrica de Ciudad Victoria, Compañía Eólica de Tamaulipas, Compañía Eólica Vicente Guerrero, Compañía Eólica la Mesa, El Rollo Solar, Juárez Renovables, Fuerza Eólica de San Matías, Eólica Santa Catarina, Eólica de Oaxaca, Bluemex Power, Energía y Proyectos Eólicos; Fuerza y Energía de Naco Nogales; y Fuerza y Energía BII Hioxo.

Estos amparos provisionales tienen efectos para todo el sector y buscan “no afectar la competencia”, igual que la demanda de amparo interpuesta por el mismo Gómez Fierro en favor de las  empresas generadoras, Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico, la semana pasada.

En el amparo tramitado a favor de Eólica de Oaxaca, Gómez Fierro ordenó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) levantar la suspensión que decretó como medida preventiva del Covid-19 y publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de enero pasado, ya que la industria eléctrica está considerada como actividad esencial.

“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Comisión Reguladora de Energía, como medida de prevención y combate de la propagación del Covid-19″.

“En ese contexto, la Comisión Reguladora de Energía no podrá negarse a atender los trámites que guarden relación con alguna de las actividades reguladas en materia de energía eléctrica, que han sido consideradas como esenciales durante la contingencia sanitaria que se vive en el país”, sostiene el juez Gómez Fierro en el amparo.

De no cumplir los funcionarios responsables de la CRE podrán ser acreedores a las penas previstas por la Ley de Amparo que van desde multas hasta destituciones e inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos.

A su vez, el Juez Rodrigo de la Peza López Figueroa determinó una serie de suspensiones provisionales también con el fin de evitar daños en materia de libre concurrencia y competencia, si bien no se dieron a conocer versiones públicas de las mismas.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió hoy a la Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York que no existe ninguna amenaza contra los jueces, luego de que esta organización consideró como un ataque las declaraciones del mandatario mexicano de que son “traidores a la patria” quienes representan a empresas que se inconforman por las reformas en materia de electricidad.

Fuente: www.energiaadebate.com